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Diamanes ensangrentados Los “diamantes ensangrentados”, o diamantes extraídos de minas localizadas en zonas en conflicto, exacerban los abusos contra los derechos humanos. En los últimos tiempos han financiado conflictos en África que han provocado la muerte y el desplazamiento de millones de personas. Los beneficios del comercio ilegal de diamantes, que han ascendido a miles de millones de dólares, han servido a los caudillos militares y a los grupos rebeldes para comprar armas. Se calcula que en Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona han muerto en conflictos mantenidos gracias a los diamantes cerca de 3,7 millones de personas. Aunque en Angola y Sierra Leona ha acabado ya la guerra y en la República Democrática del Congo han disminuido los combates, el problema de los diamantes de zonas en conflicto no ha desaparecido. En 2003 comenzó a aplicarse un sistema internacional de certificación de diamantes, denominado Proceso de Kimberley, que obliga a garantizar que los diamantes proceden de lugares libres de conflictos. Es un paso adelante, pero es necesario que se refuerce con acciones concretas por parte de los gobiernos, incluyendo la adopción de sistemas de control estrictos y efectivos, y asegurando su aplicación íntegra. Aún con el proceso Kimberley en marcha, los diamantes de zonas en conflicto como Costa de Marfil pasan al comercio legítimo de diamantes a través de Ghana. Sierra Leona es otro ejemplo de cómo una pequeña cantidad de diamantes ensangrentados puede causar grandes estragos en un país: Entre 1991 y 2002, murieron de forma violenta más de 50.000 personas, más de dos millones se vieron desplazadas o se convirtieron en refugiados en otros países. Miles de seres humanos fueron víctimas de brutales mutilaciones, violaciones o torturas. Hoy en día, Sierra Leona todavía no se ha recuperado completamente de las consecuencias del conflicto. Intereses encontrados Es tarea de los gobiernos y la industria de los diamantes garantizar que no llegan a los consumidores diamantes ensangrentados. En estos países, las elites promueven la corrupción y la debilidad del estado, favoreciendo al auge de economías en la sombra y tráficos ilícitos. El comercio ilegal de diamantes alimenta a la guerra: con el dinero se compran armas, se pagan mercenarios y se corrompen gobiernos, en tanto las consecuencias las pagan las poblaciones con sufrimiento y pobreza sistemática. La venta de diamantes ilegales se ve facilitada por los insuficientes mecanismos de control y la falta de transparencia que existe en su comercialización. Estas piedras no hacen saltar las alarmas de los aeropuertos, los perros no las huelen, y se pueden convertir rápidamente en efectivo. Representantes de firmas importadoras y procesadoras de diamantes de Amberes (ciudad belga que comercializa dos tercios de todos los diamantes del mundo) adquieren en esos países africanos sus paquetes de piedra en bruto y, con gran facilidad, los introducen en Bélgica, Gran Bretaña y la India. En los últimos años, la relación entre explotación ilícita de piedras preciosas y conflictos armados ha sido ampliamente debatida. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la organización no gubernamental (ONG) Intermón Oxfam, y también Naciones Unidas, han denunciado la situación y exigieron una regulación de la explotación y comercio de los diamantes. En julio de 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso una prohibición sobre la importación ilegal de diamantes de las zonas de Sierra Leona controladas por los rebeldes, pero el FRU elude el embargo a través del tráfico de armas que le ofrece Liberia, país que exportó seis millones de quilates entre 1994 y 1998. Intermón Oxfam, Global Witness, Médico International, El Instituto de los Países Bajos para Sudáfrica y la fundación Novib impulsan la campaña Fatal Transactions (Negocios Fatales) cuya meta es convencer a la industria y el consumidor a que opten por los diamantes libres de conflicto, exigiendo para ello la implantación de un sistema internacional de certificación para conocer el origen de las piedras. Los gobiernos belga, israelí y ucraniano están siendo presionados para que controlen más rigurosamente las transacciones que tienen lugar en Amberes, Tel Aviv y Kiev. A mediados de 2001 se llevó a cabo en Moscú una reunión con el objetivo de poner en marcha un sistema internacional de certificación de origen de los diamantes, que podría significar el inicio del fin de las guerras de Angola, Sierra Leona y el Congo. El encuentro (del que participaron representantes de 34 gobiernos, de la Comisión Europea, de la industria internacional del diamante, el Consejo Mundial del Diamante y ONGs) se basó en el proceso de Kimberley, iniciado en 2000 por los gobiernos de Sudáfrica, Botswana y Namibia, que impulsa la aplicación de un sistema internacional de certificación de origen de los diamantes que permita acabar con la extracción y comercialización de piedras que sirven para financiar los conflictos africanos. El Diamond High Council (HRD), organización que representa a la industria del diamante en Bélgica, se ocupa de revisar la importación, valoración y exportación de diamantes. Sin embargo, fuera de su ámbito existe en Amberes una masa de comerciantes, joyeros, intermediarios y fabricantes de joyas que suman unos 4.000 establecimientos a través de los cuales se trafican los diamantes. Este elevado número de intermediarios involucrados a lo largo de todo el proceso comercial dificulta el seguimiento de las piedras desde su extracción hasta su destino final. Una legislación internacional aplicada rigurosamente permitiría controlar el comercio ilícito, pero los intereses en juego son demasiados y muy pocos parecen dispuestos a poner en riesgo un negocio que factura alrededor de US$ 50 mil millones al año. (Aunque se sepa que el 10% de esa suma sirve para financiar los conflictos armados africanos). Sin embargo, en algunos sectores de la industria existe interés en que no se negocie con los diamantes, por temor a que los consumidores dejen de comprarlos si son relacionadas con las guerras africanas. Es el caso del gigante De Beers, quien controla el 75% del comercio mundial de diamantes y abastece a los principales mercados a través de sus oficinas en todo el mundo. Fruto de la presión internacional, De Beer adoptó algunas medidas con el fin de garantizar que los diamantes que adquiere no provengan de países en guerra. En 2000, la empresa clausuró sus oficinas de compra en la República Democrática del Congo y Guinea y, desde entonces, exige a sus clientes el compromiso de no adquirir diamantes de origen dudoso. Esta empresa sudafricana intenta aumentar su participación en el mercado mundial al presentarse como el productor más creíble cuando se trata de rechazar los diamantes de conflicto y evitar así, según explicó su presidente, Nicky Oppenhaimer, que el lema “un diamante es para siempre” quede sustituido por “los diamantes son para la guerra”. |